JUSTICIA CLIMÁTICA
VANUATU (2019 - 2026)
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El 25 de julio de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un pronunciamiento histórico y sin precedentes. En su opinión consultiva, declaró por unanimidad que el cambio climático constituye un «riesgo universal existencial». En consecuencia, fijó responsabilidades y determinó que los Estados tienen la obligación legal, bajo el derecho internacional, de proteger el sistema climático global y prevenir los daños ambientales.
Pero, ... 🙋 ¿cómo comenzó todo esto?
En el año 2019, un grupo de estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico Sur, en la República de Vanuatu, decidió organizarse para señalar las debilidades del Acuerdo de París (celebrado en diciembre de 2015). Argumentaban que en dicho tratado se abordó con excesiva tibieza la responsabilidad de los países más contaminantes: naciones que, mediante sus prácticas industrializadas, han ocasionado daños sociales y financieros irreparables a Estados menos favorecidos, sometiéndolos incluso al riesgo de desaparecer por el calentamiento global.
Para entender el desencuentro con el Acuerdo de París, conviene destacar dos puntos clave:
a) Los compromisos asumidos eran voluntarios y carecían de sanciones.
b) Se fijó la meta de evitar que la temperatura global subiera más de 2 °C.
Si bien este margen resultaba aceptable para los países grandes y ricos de Europa o América, para los estudiantes de las islas del Pacífico esa cifra representaba una sentencia de muerte. La evidencia científica demostraba que un incremento de solo 1,5 °C (medio grado menos de lo aceptado en París) implicaría la subida del nivel del mar por el deshielo de los glaciares, devorando sus territorios. Para las comunidades insulares, esto significaba quedarse sin agua dulce ni alimentos —por la salinización de los cultivos— y el desmantelamiento de sus formas de vida, obligando a sus habitantes a migrar y perdiendo así sus costumbres y ancestralidad.
Liderados por Cynthia Houniuhi y Vishal Prasad, estos jóvenes crearon la organización Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático (Pacific Islands Students Fighting Climate Change - PSFCC). Sus movilizaciones lograron ser escuchadas por el Gobierno de Vanuatu, no como un simple reclamo callejero, sino como una propuesta de solución estructural. 🙋 Esto marcó la diferencia.
El gobierno local asumió la iniciativa y la convirtió en bandera de su política exterior, sumando a otros países de la región severamente afectados en sus economías y comunidades. Mientras la diplomacia avanzaba en la esfera gubernamental, los estudiantes continuaron expandiendo el movimiento civil. Al atraer el interés de jóvenes en distintos continentes, fundaron la Juventud Mundial por la Justicia Climática (World’s Youth Climate Justice), unificando una sola voz bajo el consigna de «Justicia Climática».
El objetivo central era claro: definir legalmente las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras mediante el derecho internacional. Para lograrlo, debían llevar la crisis ante el tribunal más alto del mundo, cumpliendo previamente con los canales institucionales: lograr que la Asamblea General de la ONU aprobara su petición y solicitara una Opinión Consultiva formal a la CIJ.
En 2022, Vanuatu colideró un frente interregional junto a Estados de diversas geografías —entre ellos Alemania, Colombia, Barbados, Bangladesh y Nueva Zelanda— para impulsar la resolución conjunta. En marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó por consenso esta histórica resolución y elevó formalmente la solicitud a la Corte.
En un dictamen trascendental, en Julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia dictaminó de manera unánime que la acción climática no es una mera elección política, sino una obligación legal vinculante bajo el derecho internacional.
El tribunal vinculó formalmente la crisis ambiental con el derecho internacional humanitario, declarando que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es indispensable para garantizar derechos humanos fundamentales como la vida, la salud, la vivienda y el agua. Además, reconoció el principio de equidad intergeneracional, validando legalmente que los actos del presente no deben vulnerar el futuro de la juventud.
Por primera vez, el máximo tribunal de la ONU determinó que el incumplimiento de estas normas climáticas constituye un «hecho ilícito internacional». Esto implica dos consecuencias jurídicas directas:
Los Estados que causen daños climáticos por inacción o por proteger la industria de combustibles fósiles están legalmente obligados a cesar dicha conducta.
Existe la obligación legal de ofrecer reparaciones e indemnizaciones por «pérdidas y daños» a los países vulnerables que sufren el impacto directo, como las naciones insulares del Pacífico.
Tras el dictamen, la Asamblea General de la ONU respaldó el fallo mediante votación mayoritaria en mayo de 2026, elevando al máximo la presión internacional para que los países trasladen estas obligaciones a sus legislaciones nacionales.
Hay ideas que, por muy utópicas que parezcan, merecen ser luchadas. Cynthia, Vishal y el grupo de estudiantes de Vanuatu comenzaron reuniendo apenas 80 dólares para imprimir sus primeras pancartas y folletos. Tenían claridad y enfoque: su hábitat y sus costumbres estaban siendo erradicados por la irresponsabilidad de grandes potencias.
A menudo nos quedamos inmóviles pensando en la cantidad de requisitos o recursos que nos faltan, sin dar siquiera el primer paso hacia el objetivo. La historia de Vanuatu demuestra que ninguna causa es demasiado pequeña ni ningún gigante demasiado grande cuando hay convicción y estrategia. Vale la pena insistir. Porque las utopías de hoy son, muchas veces, las leyes que protegerán al mundo mañana.
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